LA INMIGRACION Y LA SOCIEDAD DEL FUTURO

ZS11041507 - 15-04-2011
Permalink: http://www.zenit.org/article-38974?l=spanish

Por monseñor Giampaolo Crepaldi*


ROMA, viernes 15 de abril de 2011 (ZENIT.org).- El fenómeno de las migraciones es bastante conocido y complejo. Sería muy ingenuo pensar que el fenómeno se pudiese frenar o incluso impedir; sería también cándido pensar que lo mejor sería abrir las puertas a todos. La sociedad multirreligiosa y multicultural no es un hecho negativo en sí mismo ni es, sólo, portador de ventajas.


Muchos inmigrantes están en un estado de necesidad y son ayudados, pero muchos otros no tienen sólo buenas intenciones. Además el gobierno de las emigraciones tiene necesidad de un concepto claro de integración que hoy no se ve todavía en el horizonte.

Comencemos aclarando que para la Doctrina Social de la Iglesia existe un derecho de emigrar que debe estar garantizado a todos. Cada uno debe poder libremente dejar el propio país. Este es un derecho reconocido y aplicado en los países democráticos, pero no siempre en países poco o para nada democráticos. El derecho a emigrar está relacionado con la libertad personal y con la posibilidad de huir de las persecuciones o amenazas por motivos políticos o religiosos. Tiene también, que ver con el derecho a buscar el propio bienestar o el de su familia.

No existe, sin embargo, el derecho absoluto a inmigrar, es decir entrar en otro país. Esto es así, porque todo país tiene derecho a protegerse a sí mimo y a tutelar la seguridad de sus propios habitantes. Tiene también derecho a tutelar la propia identidad cultural que en caso de inmigraciones masivas podría ponerse en peligro.

La disciplina de las inmigraciones está, por tanto, relacionada con la legítima defensa y el derecho de todo pueblo de preservar las condiciones de justicia y de paz en su interior, En este sentido, la inmigración clandestina se combate y es lícito que un Estado haga valer sus reglas delante de quien quiera entrar en el mismo. Es también lícito que las personas sean expulsadas de un país si han entrado en él ilegalmente. Un país tiene, también, derecho a seleccionar los ingresos, por motivos de seguridad por ejemplo, o de paz social, y a disciplinarlos según su criterio.

Detrás de las migraciones, sin embargo, no hay sólo problemas jurídicos, además, a menudo, hay situaciones humanas muy difíciles. Son necesarias las barreras para entrar, pero deben también responder a exigencias humanitarias de acogida de quien es perseguido y en todo caso, delante de un inmigrante incluso clandestino, los deberes que se debe tener frente a una persona humana no cesan: “al hombre se le debe algo por el hecho de ser hombre”. Se trata de entender que cuando “llega” ilegalmente a un país no pierde el derecho humano de ser alimentado, nutrido, vestido y cuidado. Esto se le debe a todos, aunque si después se aplican las normas vigentes en esta materia que sin embargo, no pueden ser totalmente rígidas de manera que impidan un tratamiento humano a las personas interesadas.

La regularización de los inmigrantes puede prever las condiciones y los procedimientos a seguir y cada Estado se regulará en base a sus propias leyes y al derecho humanitario. Una vez que el inmigrante está regularizado es necesario aplicarle el derecho al trabajo y los derechos sociales. Sin disparidad de tratamiento con los demás ciudadanos. No puede haber tratamientos laborales distintos para los trabajadores inmigrantes. No debe haber tampoco tratamientos de favor, que a veces se enfrentan con el disfrute de otros derechos sociales, desde la guardería a la educación.

Los derechos sociales y laborales se deben aplicar enseguida y son aquellos que interesan mayormente a los mismos inmigrantes. Muchos de ellos, de hecho, no pretenden detenerse en el país de acogida, sino que después de un cierto número de años, pretenden volver a su patria de origen, tras haber reservado los recursos necesarios para iniciar allí una cierta actividad económica. Distinto es el caso de los derechos políticos, como por ejemplo el derecho al voto. No está bien que este derecho se conceda demasiado pronto, ya que el derecho al voto permite contribuir en la dirección general hacia la que la sociedad entera quiere ir. Implica una pertenencia y una integración muy sólida que exigen tiempo. No es suficiente que se aprenda la constitución o la lengua de uso, sino que se compartan los valores de fondo de la sociedad a la que se pretende contribuir y guiar.

Tenemos así, tres niveles distintos de problemas: los derechos humanos elementales que son garantizados, incluso a los clandestinos; los derechos de trabajo y los derechos sociales que se garantizan enseguida a los que se regularizan; los derechos políticos que exigen tiempo y presuponen una integración sólida. Es necesario tener claro que se entiende por sociedad multicultural. Esto no debe significar que las distintas comunidades culturales vivan cada una separada de la otra en el propio gueto, cada una con sus propias reglas de vida, cualquiera que sean. Esto no es integración sino un acercamiento caótico de distintas entidades cerradas en sí mismas que no se comunican. Por tanto no favorece la integración la concesión de un barrio entero o una calle de una ciudad a una cierta comunidad cultural. Como no favorece la integración, la constitución de clases escolásticas compuestas todas por alumnos de una cierta etnia o cultura. No favorece la integración, tampoco, permitir que los antiguos ciudadanos de un barrio deban abandonar sus casas donde han vivido siempre, porque están invadidas de gente de cultura distinta que han monopolizado el territorio.

Desgraciadamente, hasta ahora esto es lo que ha sucedido sobre todo en Europa. Normalmente sucede que la comunidad inmigrante que viven entre ellos sin integrarse, no cultivan ningún sentimiento de pertenencia ni de estima por el país que los ha acogido, incluso, para reivindicar su propia autonomía y para no dejarse asimilar, se resisten a las costumbres y a las leyes locales, tendiendo a conservar completamente las propias costumbres y dándose sus propias leyes. Se crean así naciones dentro de naciones cerradas en sí mismas, como compartimientos estancos.

Tampoco favorece la integración la idea de realizarla a través de proveer los servicios sociales a los inmigrantes. La participación de los inmigrantes en nuestro sistema de bienestar no puede ser la única respuesta a la necesidad de integración porque está sólo es una respuesta de tipo administrativo o burocrático. Sucede que los inmigrantes aprenden muy bien a usar nuestro sistema asistencial sin alimentar sin embargo ninguna estima por los que dan este servicio y continúan cultivando una completa autonomía cultural y social.

Un tema estrictamente vinculado con todo esto es el famoso criterio del “respeto a las reglas”. Es necesario acoger a quien entra en nuestras sociedades, pero siempre respetando las reglas. Así, al menos, se dice muy a menudo. El principio es correcto y la exigencia es legítima. Pero las reglas revelan siempre una cultura, no son sólo simples procedimientos formales. Pedir el respeto a unas reglas no significa impedir el respeto a otras. No hay una legalidad sin la cultura de esa legalidad y esta misma no sólo está relacionada con el ámbito del derecho y de la ley, sino que también con la concepción de la persona y de los motivos de nuestro estar juntos.

Nuestras leyes son fruto de siglos de historia, de influencias religiosas y filosóficas, de una costumbre difundida. Lo que es obvio para nosotros porque está basado en nuestra historia, puede resultar incomprensible para otra persona de una cultura distinta. Por este motivo no es suficiente limitarse al respeto de las reglas, sino que es necesario expresar la confianza de que nuestras reglas tienen un sentido preciso y no sólo expresan una convención, también expresan unos valores. A estos valores es necesario educar a los recién llegados. Pero no siempre quien pide el respeto de las reglas está dispuesto a asumir el deber de educación de los recién llegados, en una serie de valores que sostiene esas reglas y para aprenderlos no basta un curso de pocas horas sobre nuestra Constitución.

*Monseñor Giampaolo Crepaldi es arzobispo de Trieste y Presidente de la Comisión “Caritas in veritate” del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE)y Presidente del Observatorio Internacional “Cardenal Van Thuân” sobre la Doctrina Social de la Iglesia.